Problemática para trabajar en el sector público

Muchas personas nos preguntan quién puede trabajar en la función pública en España. Trabajar en el sector público es sinónimo de estabilidad laboral a largo plazo, pero conseguir una plaza fija exige un proceso de selección largo y exigente.

Las oposiciones se organizan por ámbito profesional (educación, fuerzas de seguridad, justicia…) y por el nivel de formación exigido a los candidatos (ESO, FP, titulación universitaria). Pero hay otro factor relevante: la nacionalidad. El artículo 13 de la Constitución limita el acceso a los derechos del artículo 23 (participación y acceso a funciones públicas) a los españoles.

No obstante, la Ley Orgánica de derechos y libertades de los extranjeros en España matiza esta cuestión: los ciudadanos de la UE pueden presentarse a las oposiciones que no estén reservadas a la salvaguarda de los intereses del Estado. Quedan excluidos los cuerpos de las Fuerzas Armadas, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, los órganos constitucionales, el Consejo de Estado, el Banco de España y el Centro Superior de Información de la Defensa, así como perfiles como juez, fiscal o Guardia Civil.

Para las plazas de personal laboral, tanto los ciudadanos de la UE como los extracomunitarios pueden optar, siempre que cumplan los requisitos (permiso de residencia temporal o permanente, autorización para residir y trabajar o condición de refugiado). El personal laboral es aquel que presta servicios retribuidos por las Administraciones en virtud de un contrato de trabajo, fijo, indefinido o temporal.

En resumen: los ciudadanos no españoles pueden trabajar en el sector público, pero hay diferencias según se trate de personal funcionario o laboral y según el candidato sea de la UE o extracomunitario.